México frente al
fenómeno migratorio
(A partir
de una iniciativa conjunta del Ejecutivo y el Senado
mexicanos, un grupo integrado por funcionarios del gobierno
encargados de la gestión del fenómeno migratorio, senadores y
diputados, académicos, expertos en asuntos migratorios y
representantes de organismos de la sociedad civil, acordaron
iniciar un esfuerzo conducente a la consolidación de una
política migratoria nacional, a partir de un diagnóstico y
plataforma comunes. De ese esfuerzo plural surgió el presente
documento, hecho público en octubre de 2005. Posteriormente,
el documento fue respaldado de manera formal por ambas Cámaras
del H. Congreso de la Unión, a través de puntos de acuerdo
aprobados en las respectivas Sesiones Legislativas del pasado
jueves 16 de febrero. Con base en dichos puntos de acuerdo, el
Senado y la Cámara de Diputados manifestaron su aprobación y
compromiso con el contenido del documento.)
Antecedentes
En México, al
igual que en otros países y regiones del mundo, el fenómeno
migratorio es complejo y difícil de abordar, ya sea desde la
perspectiva de la salida, llegada, retorno o tránsito de
migrantes. Todos estos procesos migratorios están presentes en
nuestro país.
En virtud de
la dimensión y características que el fenómeno migratorio ha
adquirido, y que continuará en el futuro mediato, y de las
implicaciones que éste tiene para el desarrollo de nuestro
país, se requiere de una nueva visión y de un cambio en las
formas en las que la sociedad mexicana ha asumido sus
responsabilidades frente al mismo hasta ahora.
Desde hace
algunos años, la magnitud alcanzada por la migración mexicana
y sus complejas ramificaciones en la vida económica y social
de México y Estados Unidos propiciaron que el fenómeno
migratorio adquiriera mayor relevancia en las agendas
nacionales de ambos países y lo convirtiera en un asunto
prioritario de la agenda bilateral.
El Gobierno del Presidente Fox planteó desde su
inicio ante la opinión pública mexicana y las máximas
autoridades de Estados Unidos, una agenda integral para
atender las distintas facetas en que se expresa la migración
entre los dos países. La posición mexicana se basó en el
principio de responsabilidad compartida, reflejo del
reconocimiento de que los dos países deben asumir su parte
para lograr mejores resultados en la administración bilateral
del fenómeno migratorio.
En 2001, los
gobiernos de ambas naciones intensificaron el diálogo e
iniciaron un proceso de negociación bilateral a fin de
encontrar fórmulas para enfrentar los múltiples retos y
oportunidades que este fenómeno plantea, con miras a
establecer un nuevo régimen migratorio entre ambas naciones.
Los ataques
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en territorio
estadounidense, hechos inequívocamente condenables, alteraron
el ritmo y la dinámica de la agenda migratoria bilateral. Por
un lado, el binomio migración-seguridad nacional —en
particular en la frontera común— se ha ubicado en un primer
plano dentro de esta agenda. Por el otro, diversos actores
políticos relevantes —específicamente legisladores de ambos
países— han profundizado su participación en el debate.
El debate que hoy se desarrolla en Estados
Unidos sobre una reforma migratoria representa una ventana de
oportunidad para México y para avanzar en el tratamiento
bilateral del fenómeno, y anima a una reflexión de fondo sobre
las consecuencias que este proceso puede tener para nuestro
país y su política migratoria.
A iniciativa del Ejecutivo Federal y del Senado
de la República, un grupo integrado por funcionarios del
gobierno encargados de la gestión del fenómeno migratorio,
senadores y diputados, académicos, expertos en asuntos
migratorios y representantes de organismos de la sociedad
civil, acordaron iniciar un esfuerzo conducente a la
consolidación de una política migratoria nacional, a partir de
un diagnóstico y plataforma comunes. En este contexto, se han
llevado a cabo una serie de reuniones denominadas
Perspectivas y Diseño de Plataformas para la Construcción de
una Política Migratoria Mexicana.
Las ideas incorporadas en este documento son el
resultado de estas reuniones y con base en ellas se busca
actualizar la posición mexicana en materia migratoria, así
como ofrecer algunos lineamientos específicos frente al
proceso de reforma migratoria en Estados Unidos.
Principios
A partir de
las reuniones llevadas a cabo, los participantes coincidieron
en el siguiente conjunto de principios que deben orientar la
política migratoria mexicana:
v
El fenómeno migratorio debe ser plenamente comprendido por
el Estado mexicano —sociedad y gobierno—, ya que requiere
de acciones y compromisos acordes con las condiciones
imperantes.
v
Las implicaciones internacionales que para México presenta
este fenómeno requieren de acciones y compromisos con el
exterior —en particular con las regiones y los países vecinos—
que, en el marco de la cooperación internacional, deben
guiarse bajo el principio de responsabilidad compartida.
v
La política migratoria mexicana reconoce que mientras un
número importante de connacionales no encuentre en su propio
país un entorno económico y social que le permita su pleno
desarrollo y bienestar e incentive su permanencia en el país,
habrá condiciones para emigrar al exterior.
v
Al desarrollar y aplicar sus leyes y políticas migratorias,
México debe hacerlo con pleno respeto de los derechos humanos
de los migrantes y de sus familiares, independientemente de su
nacionalidad y estatus migratorio, así como con respeto al
derecho de refugio y asilo y en apego a los instrumentos
internacionales en esta materia.
v
La creciente vinculación entre migración, seguridad y
fronteras a nivel mundial es una realidad que está y estará
presente en nuestras relaciones con los países vecinos; en
consecuencia, es necesario considerar estos tres elementos al
momento de formular políticas en materia migratoria.
v
México está comprometido a combatir el tráfico de personas en
todas sus modalidades así como las actividades criminales
asociadas, a velar por la integridad y seguridad de las
personas y a estrechar la cooperación en la materia con los
gobiernos de los países vecinos.
v
Los procesos migratorios que prevalecen en México se articulan
regionalmente —en particular con Centroamérica—, por lo que la
política migratoria mexicana debe profundizar su enfoque
regional.
Recomendaciones sobre los compromisos que México debe asumir
Entre las recomendaciones surgidas en el grupo
para actualizar la política migratoria mexicana destacan las
siguientes:
·
Evaluar y actualizar la actual política migratoria del Estado
Mexicano, así como su marco legal y normativo, ante las nuevas
realidades regionales e internacionales en materia de
inmigración, trasmigración y emigración, con un horizonte de
quince a veinte años.
·
Impulsar el desarrollo económico y social de nuestro país que
permita, entre otros efectos positivos, que su población
cuente con mayores incentivos para permanecer en México.
·
En la medida en que existan en el país receptor visas
suficientes y oportunas para cubrir al mayor número posible de
trabajadores y sus familias que hasta ahora cruzan la frontera
sin documentos debido a la imposibilidad de conseguirlos,
México debe asumir la responsabilidad de velar por que todo
aquel que decida salir del territorio nacional lo haga por
canales legales.
·
Fortalecer el combate a las organizaciones criminales
dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y el uso de
documentos falsos, así como las políticas y el marco legal y
normativo para la prevención y persecución del delito de trata
de seres humanos, especialmente mujeres, niñas y niños, y la
protección a las víctimas de ese delito en un marco de
cooperación internacional.
·
Propiciar el retorno y reinserción adecuada de los migrantes y
sus familias a territorio nacional.
-
Adecuar la política migratoria hacia los
países vecinos del sur en concordancia con sus
características, que brinde seguridad a la frontera y
facilite un flujo legal, seguro y ordenado de personas, bajo
los principios de responsabilidad compartida y de
respeto a los derechos humanos.
-
Fortalecer el orden y la seguridad en las
fronteras norte y sur de México, atendiendo al desarrollo
regional fronterizo.
-
Fortalecer la cooperación con Estados Unidos
y Canadá en el marco de la Alianza para la Seguridad y la
Prosperidad de América del Norte, así como con los foros y
mecanismos para el tratamiento regional del fenómeno como es
el caso de la Conferencia Regional sobre Migración y la
Cumbre Iberoamericana.
·
Revisar y, en su caso, modificar el marco jurídico e
institucional a efecto de responder adecuadamente a las
condiciones actuales y previsibles del fenómeno migratorio,
para lo cual sería necesario un mecanismo de colaboración
interinstitucional ex profeso.
·
Generar mecanismos de trabajo permanentes entre los poderes
Ejecutivo y Legislativo, y la participación del sector
académico y la sociedad civil, que permitan desarrollar y
cumplir la agenda migratoria mexicana.
Elementos a considerar ante una eventual
reforma migratoria en Estados Unidos
México no promueve la migración indocumentada y
desea contribuir a encontrar soluciones que permitan enfrentar
de mejor forma el fenómeno migratorio. Por lo anterior, el
grupo consideró relevante hacer explícitos algunos
planteamientos relativos a la posición que conviene adoptar a
nuestro país ante una eventual reforma migratoria en Estados
Unidos:
Reconociendo el derecho soberano de toda nación a regular la
entrada y condiciones de estancia de extranjeros en su
territorio, es indispensable que se otorgue una solución a la
población indocumentada que reside en Estados Unidos, y que
contribuye al desarrollo de ese país, que le permita
integrarse plenamente a las comunidades donde radican, con los
derechos y obligaciones que ello implica.
Para que un programa de trabajadores temporales sea viable, es
necesaria la participación del Gobierno de México en su
diseño, administración, supervisión y evaluación, bajo el
principio de responsabilidad compartida.
México y Estados Unidos podrán combatir de manera más efectiva
a las organizaciones de tráfico ilícito y trata de migrantes,
el uso de documentos falsos y, en general, la violencia e
inseguridad que hoy prevalecen en la frontera común
estableciendo un esquema que permita canalizar legalmente la
mayoría de los flujos temporales. México estaría, a su vez, en
mejores condiciones de alentar a los potenciales migrantes a
cumplir con las reglas establecidas y de adoptar medidas
orientadas a reducir la migración indocumentada.
México deberá concluir los estudios iniciados para la
implementación de tareas que coadyuven a la eventual
instrumentación de un programa de trabajadores temporales a
fin de ordenar la oferta de los posibles participantes,
establecer mecanismos auxiliares de certificación, así como
monitorear y evaluar su desarrollo.
México reconoce que uno de los aspectos cruciales del éxito de
un programa de trabajadores temporales es la capacidad de
garantizar el flujo circular de estos trabajadores y
desarrollar una serie de incentivos para que los emigrantes
regresen a nuestro país. Se podrían fortalecer
significativamente los programas de vivienda dirigidos a que
los migrantes construyan casas en sus comunidades de origen
con fondos que pagan, con tasas preferenciales, mientras
residen en el extranjero.
Otros mecanismos que se debe fomentar son el establecimiento
de un seguro médico binacional que ampliaría el acceso de los
migrantes y de sus familias al cuidado de la salud, así como
el acuerdo de totalización de beneficios del seguro social que
permitiría a los trabajadores que cotizan en Estados Unidos
cobrar sus pensiones en México.
México estaría también en posibilidad de fortalecer los
programas de las secretarías de Desarrollo Social y del
Trabajo, a fin de establecer condiciones sociales y laborales
que incentiven y faciliten el retorno y reinserción de sus
connacionales a sus lugares de origen.
Este grupo de trabajo buscará mantenerse como
un espacio permanente de reflexión, debate y construcción de
políticas públicas para la atención del fenómeno migratorio.
Octubre de
2005
Eventos
