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El Gobierno de México condena las actividades de vigilantismo que realizan ciudadanos de los Estados Unidos en la frontera. Si bien es facultad soberana de cualquier Estado tomar las medidas necesarias para asegurar la protección de sus fronteras y el cumplimiento de sus disposiciones en materia migratoria, estas actividades corresponden única y exclusivamente a las autoridades competentes de los Estados.
Desde que se tuvo conocimiento de que un grupo de civiles pretendía organizarse para realizar labores de vigilancia en la frontera con el objetivo de evitar el cruce de inmigrantes indocumentados, el Gobierno de México expresó públicamente su condena e inició diversas acciones con autoridades de los Estados Unidos a efecto de:
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asegurar el respeto a los derechos de nacionales mexicanos que, en su caso, crucen la frontera entre los estados de Sonora y Arizona en la zona donde los voluntarios del proyecto presuntamente realizarán actividades de vigilancia;
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promover la observancia plena del propio marco legal estadounidense e internacional, mismo que consagra derechos para los extranjeros que ingresen a los Estados Unidos, aún sin la documentación migratoria requerida; y
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solicitar a las autoridades competentes de ese país el despliegue de acciones preventivas que, con apego al marco legal estadounidense, permitan evitar un posible incidente en esa zona de la frontera.
En este sentido, entre otras acciones, el 10 de febrero se envió una Nota Diplomática al Gobierno de Estados Unidos, en la que se expresa nuestra preocupación por las actividades del grupo denominado Minuteman y se solicita tomar previsiones para evitar que se violen leyes federales y estatales en detrimento de nuestros connacionales.
El Gobierno de México ha calificado como inaceptables las acciones mediante las cuales grupos de particulares realizan detenciones de migrantes mexicanos. Asimismo, ha reiterado en diversos foros su compromiso por continuar trabajando con el Gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de mecanismos que aseguren que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos sea legal, segura, ordenada y respetuosa de sus derechos.
La Cancillería ha girado instrucciones a los Consulados de México en la frontera con Arizona, para que permanezcan al pendiente del desarrollo de los acontecimientos y para que presten auxilio a nuestros connacionales. En su caso, los consulados presentarán las denuncias ante las autoridades correspondientes si se suscitan detenciones ilegales por parte de particulares.
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha establecido un convenio de colaboración con el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de Estados Unidos, con el propósito de identificar las acciones legales que se puedan emprender contra los particulares que cometan abusos que afecten a los migrantes mexicanos.
Finalmente, cabe destacar que los gobiernos de México y Estados Unidos hemos coincidido en que la seguridad de la zona fronteriza es un tema de la mayor importancia para ambos países, y que esa responsabilidad corresponde única y exclusivamente a las autoridades competentes de ambos países.
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