Desminado-minas antipersonal

Los Estados Miembros de la OEA han adoptado la meta de la eliminación global de las minas terrestres antipersonal con el fin de convertir el Hemisferio Occidental en una Zona Libre de Minas Terrestres Antipersonal. Con respecto a los programas de remoción de dichas minas, la Organización creó en 1992, el Programa de Asistencia para el Desminado en Centro América (PADCA), en respuesta a la solicitud de los Estados centroamericanos afectados por las minas terrestres antipersonal. Luego, teniendo en cuenta las solicitudes de Colombia, Ecuador y Perú este programa humanitario fue convertido en el Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA).

La coordinación general del Programa AICMA la realiza la Oficina de Acción Humanitaria contra las Minas, encargada además de solicitar contribuciones financieras a la comunidad internacional.  La Junta Interamericana de Defensa (JID) presta asistencia técnica a través de los monitores o supervisores internacionales en los países de las zonas afectadas.

México ha apoyado los procesos de desminado a través del respaldo de resoluciones de la Asamblea General de la OEA que tienden a eliminar este tipo de armamentos.

El 7 de febrero de 1997 México emitió la Declaración de Principios en la que reitera su posición respecto a la producción, exportación y uso de minas terrestres antipersonal.

“Declaración de Principios del Gobierno de México sobre la Producción, Exportación y Uso de Minas Terrestres Antipersonales.”

El Gobierno de México reitera los principios que norman su conducta en lo que se refiere a la producción, exportación y uso de minas terrestres antipersonales, con el fin de lograr la prohibición absoluta de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, de acuerdo con la Resolución AG/RES. 1411 “El Hemisferio Occidental: Zona Libre de Minas Terrestres Antipersonales”, adoptada en la XXVI Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en la Ciudad de Panamá, Panamá, en junio de 1996 y las diversas resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Gobierno de México considera que el empleo de ese tipo de armamento constituye una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario y que la única solución real a los problemas que plantea es la total abolición de las minas terrestres antipersonales y la destrucción de las actualmente almacenadas.

El Gobierno de México no fabrica ni importa minas terrestres antipersonales (MTA) y mantiene una estricta y constante vigilancia sobre las empresas o sociedades mexicanas que utilizan material explosivo y no otorga permiso alguno para la fabricación de minas antipersonales.

México se incluye entre los países que se pronuncian por la necesidad de avanzar, con toda la celeridad posible en la prohibición de estas armas en todas sus dimensiones, por lo que formula un exhorto a los Gobiernos para que, según el caso, se adhieran y/o ratifiquen la convención de Naciones Unidas de 1980 sobre prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados y sus Protocolos.

México, D.F., a 7 de febrero de 1997